La DGA presentará alegaciones a la paralización del pasaporte COVID

El Gobierno de Aragón presentará alegaciones a la mayor brevedad posible a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de no autorizar la obligatoriedad del pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno.

El Ejecutivo ha reaccionado con prontitud a la resolución del TSJA, por la que este eleva una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre si el artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) vulnera los artículos 106.1 CE y 117.3 CE, referidos al control de la potestad reglamentaria y el exclusivo ejercicio de la potestad jurisdiccional por los tribunales, respectivamente. Entiende el máximo órgano judicial en la Comunidad que su función es revisora y no de cogobierno. 

La DGA explica, que con esta decisión, el TSJA "cerraría la puerta" a emplear cualquier otra medida para frenar la pandemia que limite derechos fundamentales hasta que el Tribunal Constitucional resolviera. Ello, a su juicio, privaría a la Comunidad "de importantes herramientas en materia de salud pública", ya sea frente a la COVID-19 o frente a cualquier otra circunstancia que requiera la adopción de medias urgentes de carácter sanitario.

El órgano jurisdiccional autonómico aplaza así, por ahora, una medida en la que el Departamento de Sanidad venía trabajando desde hace meses para imponer el certificado de vacunación para el acceso a los locales de hostelería y restauración, salas de fiesta y discotecas.

Por su parte, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, su presidente, Alberto Campuzano, ha considerado que los jueces han actuado “con justicia”. Bajo su punto de vista, el TSJA “no tenía elección” porque no podía adoptar una decisión legislativa. “Su misión no es amparar los delirios de este Gobierno”, ha criticado. 

El sector pide negociar

Campuzano ha traslado la satisfacción del sector, que no ve posible la aplicación de la orden redactada por Sanidad. “No estamos de acuerdo en que nos obliguen a recabar datos médicos de los clientes porque resultaría muy complicado no contravenir la Ley de Protección de Datos y, además, sería inconstitucional porque vulneraría la libertad de los clientes de vacunarse o no”.  

La decisión aplaza la entrada en vigor del pasaporte COVID y no altera las restricciones establecidas (cierre como tarde a las cuatro de la madrugada y prohibición del uso de las pistas de baile y las barras). Unas limitaciones que, para Campuzano, no deberían durar mucho más. “Esperemos que el levantamiento de las restricciones se dé en breve porque fuimos la primera comunidad autónoma en la que se impusieron medidas para el ocio nocturno y vamos a ser la última en la que se levanten (Cataluña lo ha hecho con casi todas este mismo viernes), lo que deja clara su gran gestión y lo que se han preocupado por nosotros”. 

Pese a todo, el portavoz de los empresarios del sector del ocio nocturno ha vuelto a tender la mano a Sanidad. “Confiemos en que se sienten con nosotros para trabajar juntos en lograr que los locales de ocio sean espacios más seguros con unas normas coordinadas para construir el futuro postcovid”, ha deseado.