Hasta 3.500 ascensores tendrán que renovarse por completo en Aragón y 21.000 sufrirán modificaciones

Barreras fotoeléctricas que eviten que se cierre el ascensor cuando están entrando o saliendo los usuarios, un sistema de comunicación bidireccional en caso de tener que pedir auxilio o una correcta nivelación de la cabina con el rellano. Son algunos de los elementos que deberán disponer los ascensores a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor la nueva normativa estatal de seguridad, aunque hay tiempo para adaptarse a ella. 

El sector de las empresas y los administradores de fincas prevén que de los 35.000 ascensores que hay en Aragón, en torno al 60%, unos 21.000, deberán hacer algún tipo de modificaciones, y el 10%, hasta 3.500, deberán cambiarse por completo, cuyo coste puede rondar entre los 30.000 y los 40.000 euros. En España existen aproximadamente 1.100.000 ascensores, de los cuales, unos 400.000 tienen más de 30 años.

"El único objetivo que se pretende es tener lo más seguro posible todo el parque de ascensores. El ascensor es el elemento de transporte más utilizado en el mundo, más que los aviones, más que cualquier otra cosa, pero también es el más seguro, y desde el sector queremos que siga siendo así", explica Ana Martínez, socia de la Federación de Pequeña y Mediana Empresa de Ascensores de Aragón.

 Aragón TV

Una normativa que afecta a todo el sector

La nueva normativa, apunta Martínez, afecta al sector "en todos los sentidos". "También en las empresas que nos dedicamos a esto tenemos que adaptarnos a toda la nueva normativa, porque atrae una serie de exigencias que tenemos que empezar a actuar. La ley nos obliga a tener mucho más controles en cuanto a documentación, a tener informado al propietario del ascensor de lo que necesita y las actuaciones que tiene que tener, y por primera vez el dueño del ascensor, la comunidad de propietarios, tiene una responsabilidad clara de mantener y tener la documentación que este aparato requiere", añade. 

La experta recuerda que tanto las empresas como las comunidades de vecinos tienen "varios plazos" para adaptarse a la nueva normativa, que en algunos casos puede llegar "a los siete años".

 Aragón TV

Siete medidas mínimas de seguridad

Las siete medidas mínimas de seguridad que tendrán que tener los ascensores a partir del 1 de julio son: precisión de nivelación, con un margen de 10 milímetros; cortina fotoeléctrica que proteja al usuario contra el cierre de la puerta durante la entrada o salida; protección del usuario contra los movimientos ascendentes e incontrolados de la cabina; dispositivo de comunicación bidireccional accesible en la cabina; reemplazo de guías, contrapesos y chasis en los ascensores que contengan dispositivos de paracaídas cilíndricos, de madera o de raíl; dispositivo de control de carga; y contrapeso. 

Según Ana Martínez, la mayor cantidad de accidentes que se producen en los ascensores "son por un mal enrasamiento o nivelación, por lo que la gente tropieza y cae". 

También los administradores de fincas lanzan un mensaje de tranquilidad ante la nueva normativa. "Hay tiempo de sobra para modificar estos ascensores, y para llevar a cabo estos cambios", recalca la administradora Beatriz González.

 Aragón TV

Los más afectados, los ascensores anteriores a 1967

González detalla que son los ascensores anteriores a 1967 los que más notarán la entrada en vigor de esta ley. "En estos, prácticamente se tendrán que hacer sustituciones completas, porque habrá que cambiar las guías, los contrapesos, una serie de protecciones, etc., y esos ascensores van a tener problemas". 

El desembolso económico podrá ir de "unos 5.000 euros" en caso de modificar el cuadro de maniobra para nivelar bien la parada, hasta los "30.000 o 40.000" en caso de una sustitución completa. "La parte buena es que, como al final les dan un año, cualquier derrama que puedas aplazar durante un año puede ser relativamente asumible, y aquellas intervenciones completas tienen diez años", comenta la administradora. 

 Aragón TV

Subvención solo para evitar barreras arquitectónicas

Sobre la posibilidad de contar con subvenciones o ayudas públicas, Beatriz González matiza que actualmente, solo existen para la supresión de barreras arquitectónicas. "Las instituciones públicas deberían echar una mano a las comunidades de propietarios ante esta normativa", indica. 

Finalmente, la experta destaca que los cambios se irán aplicando en cada comunidad de propietarios "en la medida en que le toque la inspección obligatoria de los cuatro años". "Hay comunidades que la acaban de pasar, con lo que esta normativa no les será de aplicación hasta dentro de cuatro años, salvo que tengan un accidente. Con lo cual, va a ser algo paulatino", concluye.