Los hosteleros dudan de la legitimidad de la medida

La posible implantación por el Gobierno de Aragón del certificado digital COVID-19 para poder acceder a los establecimientos hosteleros no convence ni a los empresarios, que lo consideran discriminatorio con quienes aún no han podido ser inmunizados, ni a los epidemiólogos, partidarios de su uso en grandes eventos, ni a algunos de los propios clientes, que lo ven precipitado y abogan por no restringir el acceso a quienes no se han vacunado. 

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, aseguró este miércoles que su Ejecutivo estudiará "seriamente" su uso para el ámbito de la hostelería y este mismo jueves la consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, le ha secundado calificando la idea como "digna de estudio" y ha reafirmado la apuesta del Gobierno por avanzar en el proceso de vacunación. De momento, en la Comunidad 281.500 aragoneses ya se han descargado este pasaporte digital COVID-19. 

Una medida que, pese a las protestas, ya funciona en otros países como Italia, Grecia o Irlanda (en Francia desde el 1 de agosto) y que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no quiso entrar a valorar tras el Consejo Interterritorial del miércoles pese a las insistentes preguntas de los periodistas. Su posible adopción generalizada en España, tras el paso dado por Galicia, Canarias y Cantabria, y la opinión favorable de Andalucía, se enfría un poco este jueves tras el auto del TSJ de Canarias por el suspende cautelarmente la exigencia de mostrar el certificado en los bares y restaurantes de la isla de Tenerife. 

En el caso de Aragón, los hosteleros consideran que su entrada en funcionamiento podría vulnerar la protección de datos de los clientes y sería una medida injusta con quienes todavía no han podido completar el proceso de vacunación. Además, consideran que hay alternativas como los filtros de aire y que deja en manos de los hosteleros el manejo de datos sensibles. 

"Nos genera muchas dudas desde el punto de vista jurídico por cuanto no hay una base legal para implementarla y por la cuestión de la protección de datos y el tratamiento de la imagen personal", explica el gerente de la  Asociación Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, Luis Femia. En ese sentido, se pregunta "qué legitimidad tiene un propietario de un establecimiento hostelero o un trabajador para exigir esa información sensible a un cliente".

Los expertos sanitarios también encuentran objeciones a la posible implantación del certificado. El epidemiólogo zaragozano Nacho de Blas lo considera más eficaz para controlar grandes eventos. "Por ejemplo, en un viaje en un crucero o incluso para embarcar en un vuelo, que son contactos de más larga duración quizá tuviera un cierto sentido, pero para una estancia puntual de corta duración que a lo mejor puede ser media hora, que te exijan ese certificado es complicado", reflexiona. 

En cuanto a los clientes, hay una división de opiniones entre quienes lo consideran una buena idea ante el repunte de contagios y que incluso puede servir para animar a quienes todavía no han decidido vacunarse. Otros consideran que quizá sea demasiado pronto para adoptar una decisión de este calado cuando todavía hay muchos que no han podido acceder a la inmunización completa  y también hay quien se muestra en desacuerdo con imponer la vacunación a la población. 

Nuevas obligaciones para las bodas 

Quienes organizan celebraciones familiares como bodas con más de 90 comensales deben sumar a sus múltiples preocupaciones una serie de nuevas obligaciones que lleva aparejadas la actual situación pandémica. Así, los novios deben garantizar que sus invitados están libres de la COVID-19.  Para ello, deben remitir al establecimiento reservado un fichero detallado con el nombre y apellidos de todos los asistentes al evento, así como el estado inmunológico en el que se encuentran. Ese documento, que viene reafirmado por la firma de una declaración responsable de los novios, permanecerá almacenado durante las siguientes cuatro semanas por si resulta necesario facilitarlo a la autoridad competente. Los invitados, por su parte, podrán acreditar que no padecen la enfermedad mediante el pasaporte COVID-19, una PCR negativa realizada durante las 72 horas previas al evento o un test de antígenos practicado dos días antes. Unas pruebas que los responsable del establecimiento están autorizados a requerir a los asistentes.