La Fiscalía pide cuatro años para Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido por presunto alzamiento de bienes

El fiscal ha pedido condenar a la extenista Arantxa Sánchez Vicario y a su exmarido Josep Santacana a cuatro años de prisión, por un presunto delito de alzamiento de bienes, tras ocultar, supuestamente, su patrimonio a través de un testaferro y evitar pagar una deuda de 7,5 millones de euros al Banco de Luxemburgo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que "idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad", por el que vaciaron sus cuentas corrientes. Expone también que la extenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas, titulares de varios bienes inmuebles, que tras comunicar a Sánchez Vicario su deuda con Hacienda, pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.

La Fiscalía también acusa como cooperadores necesarios al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas, quienes supuestamente ejercieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la extenista.

Tanto a Sánchez Vicario como a Santacana se les reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa, además de 6,1 millones en concepto de responsabilidad civil. Para los cómplices se piden tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros.