La Ley de Amnistía afronta su aprobación definitiva en el Congreso

La Ley de Amnistía cierra este jueves seis meses de un proceso legislativo con el que se busca dar carpetazo a todos los delitos que se sucedieron en la reivindicación independentista que incluyó la aprobación de una declaración unilateral de independencia, que engloba el periodo entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Se calcula que unas 400 personas se beneficiarán de ella. Su votación está prevista para las 11:00 de la mañana de este jueves en el Congreso de los Diputados y su aprobación definitiva, tras medio año de vetos, retoques e idas y vueltas en comisiones de Justicia, Senado y el propio hemiciclo de la Cámara Baja, debería producirse con los votos favorables del bloque que apoyó la investidura de Pedro Sánchez.

Sobre el papel, la norma deja sin castigo todos los delitos vinculados al 'procés'. Los relacionados con la convocatoria o promoción de consultas populares y todo lo que se deriva, como desobediencia, desórdenes públicos y resistencia, ejecutados con la finalidad de facilitar dichas consultas, también están cubiertos. Las acciones cometidas por las fuerzas policiales con el objetivo de obstaculizar las consultas también están incluidas en esta amnistía, así como los millones de euros que se destinaron al procés; la malversación solo se penará si ha habido enriquecimiento personal. 

Deberán quedar sin efecto, asimismo, y con la anulación de las medidas cautelares, las órdenes de busca y captura o ingreso en prisión. Para los empleados públicos involucrados, la administración competente deberá restituir sus derechos laborales. Si han perdido su trabajo tendrán que ser reincorporados.

Entre las casi 400 personas beneficiadas destacan los tres expresidentes de la Generalitat de Cataluña: Artur Mas, ya que bajo su gobierno se llevó a cabo en 2014 el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña; Carles Puigdemont, que huyó de España en 2017, semanas después del referéndum ilegal del 1 de octubre; y Quim Torra, que estuvo al frente del Gobierno catalán hasta que en 2020 fue condenado por un delito de desobediencia por negarse a quitar los lazos amarillos en apoyo a los presos del procés de la sede gubernamental.

Puntos de discordia

Durante estos seis meses ha habido discrepancias en la redacción final de la norma. Uno de los puntos conflictivos ha estado relacionado con los aspectos que la ley debía dejar fuera de su cobertura. Finalmente se excluyen delitos graves, torturas, terrorismo y otros actos que atentan contra la paz y la seguridad, según lo que dictan convenios como el Europeo de Derechos Humanos. 

Sin embargo, en la actualidad, algunos de los implicados están acusados de terrorismo, en concreto grupos CDR y del movimiento Tsunami Democràtic. Habrá que ver qué sucede con ellos y con los procesos que hay abiertos en su contra. Porque serán los magistrados quienes deban interpretar lo ocurrido, y puede que coincidan o no con redactado en Ley de Amnistía.