Los productores exigen el cumplimiento estricto de la Ley de Cadena Alimentaria
Los agricultores denuncian que los costes de producción se han incrementado en un 35%, mientras que lo que perciben apenas ha crecido en un 10%
Los agricultores están decididos a que se les escuche y continúan con las protestas. Entre sus exigencias están poder cobrar un precio justo por sus productos, algo que pasa por que se cumpla escrupulosamente con la Ley de Cadena Alimentaria. Se trata de un marco de buenas prácticas entre los tres pilares del sector de la alimentación: los productores (agricultores y ganaderos); las cooperativas agrarias, la industria y los fabricantes; y la distribución en tiendas y grandes superficies.
Son tres eslabones con un objetivo: evitar la venta a pérdidas. Para ello, la norma establece sanciones de entre 250.000 y euros y un millón, la suspensión de actividad, o el cierre de establecimientos. Un planteamiento insuficiente, a juicio de los agricultores, puesto que, dicen, faltan eslabones en el planteamiento, y que las Administraciones hagan un control efectivo para el cumplimiento de la ley.
Los productores, dicen, se ven abocados a vender por debajo del precio de producción o perder la cosecha. Esa misma norma obliga a registrar el contrato firmado entre las partes y a pagar en plazo. Pero, ¿qué pasa si no se cumple? "No podemos ser los productores los que denunciemos nuestros propios contratos. Es imposible, porque si yo denuncio un contrato que me obligan a firmar -porque de lo contrario se me echa a perder la producción- al que yo denuncio no me va a volver a comprar a mí", lamenta el fruticultor Antonio Latorre.
Este agricultor tiene cerca de 18 hectáreas de fruta de hueso. Ha incrementado sus costes de producción un 35% en dos años, mientras que a él solo le pagan un 10% más por su cosecha. "Habría que marcar unos precios mínimos a nivel institucional, realizando estudios, realizando lo que fuese necesario", reclama.
Expertos de la industria alimentaria consideran que la ley está bien planteada sobre el papel, pero ¿quién se encarga de que se cumpla? El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se va a potenciar la inspección y reforzar las multas ante las relaciones comerciales desleales, afirman, es una de las claves.
"Es importante que la inspección funcione y está muy bien que ahora, ante este caos, hayan prometido que se va a endurecer y que se hará mejor", apunta el ingeniero agrónomo y fundador de la Organización de la Industria Alimentaria Española, Jorge Jordana.
Una cadena alimentaria en la que, por ley, todos los eslabones: agricultor, transportista, envasador, supermercado... deben obtener beneficios; pero desde el campo se pide que éstos se baremen en función de los que arriesgan más.
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