Nolasco reivindica las medidas implantadas para digitalizar la justicia en Aragón

El vicepresidente primero del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, ha defendido este miércoles las medidas llevadas a cabo para la digitalización de la administración de justicia en la Comunidad como forma de agilizar los trámites y reducir la burocracia. 

Nolasco, consejero también de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, ha hecho esta afirmación durante la inauguración, en la sede de la Universidad a Distancia (UNED) de Barbastro (Huesca), del curso de judicatura 'Reformas procesales y eficiencia procesal', junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido; el coordinador del curso, el juez José Julián Nieto; y el alcalde de la localidad, Fernando Torres. 

Este curso tiene su origen en un convenio entre el Gobierno de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial y prevé la celebración de seis seminarios desde mayo hasta final de año repartidos en las tres provincias y con distintas temáticas. 

Entre los recursos tecnológicos habilitados, Nolasco ha destacado la puesta en funcionamiento del textualizador para la transcripción en las salas de vista y la apertura de la sede judicial electrónica a la ciudadanía desde el pasado 15 de enero, y ha recordado, además, que para el final de este año "cualquier aragonés tendrá acceso a Dicireg (registro civil electrónico)". 

"Servirá para tramitar los expedientes por medios electrónicos, se inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al registro y se posibilitará el acceso telemático mediante la identificación electrónica a la ciudadanía", ha detallado el responsable político.

Nolasco ha transmitido a los jueces asistentes al curso que junto a la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, continuarán "recorriendo" todos los partidos judiciales de Aragón para conocer "de primera mano" las necesidades de los jueces, fiscales, auxiliares, tramitadores y gestores procesales. 

Por otra parte, ha defendido la independencia judicial como uno de los principios básicos de la democracia y ha advertido a renglón seguido que "ningún gobernante puede aplicar medidas que vulneren la división de poderes y supongan una intromisión en las competencias del poder judicial", porque "nadie está por encima de la ley".