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EMPLEO

Reducir la jornada laboral: una reivindicación sindical pendiente que, según los empresarios, costaría un 6,5% más

El acuerdo que acumula ocho meses de retrasos establecía la reducción a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025

ARAGÓN NOTICIAS /
Mujeres trabajando en una empresa de agroalimentación.
icono foto Mujeres trabajando en una empresa de agroalimentación.

La reducción de la jornada laboral es una de las reivindicaciones de los sindicatos en este miércoles festivo del primero de mayo. Hacen referencia así a uno de los acuerdos del Gobierno central firmado entre el PSOE y Sumar dentro de su pacto de coalición. Ambas formaciones se comprometieron a reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales hasta las 37,5 de forma progresiva durante los dos primeros años, es decir, hasta 2025. Por su parte, los empresarios señalan que esa reducción de 2,5 horas a la semana supondrá "un coste del 6,5% de media para las empresas, y habrá que mirar cómo se reparte".

Lo cierto es que desde su anuncio en octubre de 2023, ese pacto ha avanzado poco. Tan solo, la creación y algunas reuniones de la Mesa de Diálogo para dar cumplimiento a esa reducción horaria de la jornada laboral. "Estamos en la fase de negociación entre los sindicatos con representación nacional y la patronal", asegura el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Aragón, Pablo Castillo. "Estamos cruzando datos y planteando opciones para que esa reforma llegue con el mayor acuerdo posible", recuerda Castillo. Sin embargo, alerta de que no se pueden eternizar con esta cuestión "porque luego sería muy complicado aplicar una retroactividad de la jornada por parte de las empresas".

La patronal, en cambio, advierte del riesgo de imponer esta medida. "Todos estamos en contra de ese presencialismo que no interesa ni a empresas ni trabajadores", reconoce el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, quien añade que supone una pérdida de competitividad al implicar un gasto mayor en personal para las compañías: "Habrá que ver cómo se reparte ese coste".

La mayoría de los convenios colectivos ya trabajan menos de esas 40 horas semanales, que es el límite máximo de horas que puede trabajar una persona en España. Por eso, asegura Castillo, "el primer escalón de reducción, el de las 38,5 horas semanales, no está alejado en la negociación". El problema es la implantación en cada uno de los sectores productivos, ya que no es lo mismo la construcción, el metal o el sector servicios donde hay disparidades de convenios y de jornadas dentro de los mismos. Castillo señala también que es importante conocer el cómputo anual de horas en cada uno de los convenios para fijar la reducción de la jornada laboral.

A los empresarios les gustaría "menos imposiciones políticas y dejar a la iniciativa privada que acuerde las líneas de actuación según sus convenios colectivos", subraya Arnau. "Debe haber flexibilidad en los dos sentidos, la Administración no puede dar lecciones a empresas porque no es ejemplo de eficiencia ni de eficacia", asevera.

Para los empresarios esta reducción de la jornada laboral "va a afectar de forma muy diferente a las pymes y a los autónomos con pocos empleados". "A ver cómo se puede mantener una tienda, los bares, etc., porque hay una serie de actividades que pueden verse muy perjudicadas con estas decisiones", afirma el director general de la patronal aragonesa. Para Arnau es "muy arriesgado hablar de forma generalizada" y es necesario bajar "al caso concreto y al detalle". "Estamos ante una oportunidad de mejora de condiciones, pero es necesario mirar las consecuencias y quién asume esos costes", incide. 

Estaría por ver cómo se fija, en ese límite de jornada, la distribución de las horas. Las organizaciones sindicales explican que hay sectores, como limpieza o servicios, por ejemplo, en los que el trabajador trabaja dos horas por la mañana y otras dos por la tarde. Jornadas parciales que "deberían ser compatibles con otros contratos a tiempo parcial para poder conciliar la vida laboral y personal de los trabajadores", remarcan.

En esta negociación también está encima de la mesa esa distribución y el registro de la jornada. Un "melón" que nadie quiere abrir ya que ambas cuestiones suscitan polémica entre sindicatos, patronal y el Gobierno. Así, por ejemplo, mejora la eficacia del registro de la jornada en una empresa podría poner en evidencia que se hacen más horas de las que realmente quedan registradas. Por eso, dicen los sindicatos, "es necesario buscar herramientas de control inmediato de los registros de jornada". También insisten en que se debería vigilar "qué ocurre con los contratos a tiempo parcial en los que no se alcanzan ese límite de horas por jornada, y si se pagan o no al trabajador las horas realizadas de más".

La semana laboral de cuatro días

Siempre que se debate sobre la reducción de la jornada también aparecen voces a favor de explorar la posibilidad de pasar a una semana laboral de cuatro días. "Habrá alguna empresa que pueda cuadrar, pero también hay puntas de trabajo. Para determinados procesos industriales es muy complicado", señala el director general de CEOE Aragón. Arnau apuesta por "decisiones acordadas entre las empresas y sus trabajadores", porque hay que "tener en cuenta los costes laborales" e insiste en que no se deben afrontar modificaciones "que reduzcan la competitividad de nuestras empresas frente a otros países". "Debemos mirar cómo podemos ser más productivos, pero para tener derechos hay que tener obligaciones", puntualiza.

En este primero de mayo en el que los sindicatos reclaman mejoras y agilidad en esa negociación de la jornada laboral, las empresas también señalan sus necesidades hacia los trabajadores y la Administración. Éstas pasan por la "falta de personal en casi todos los sectores". También ponen el acento en mejorar la tasa de desempleo juvenil "que supera el 20%" y "orientar la formación hacia las necesidades de las empresas".