El Gobierno extiende la protección de los más vulnerables hasta el 31 de octubre

El último Consejo de Ministros antes del parón estival ha aprobado este martes ampliar hasta el 31 de octubre la  protección del que ha dado en llamar "escudo social de las personas más vulnerables" mediante la prórroga de las prohibiciones de los desahucios de vivienda habitual y del corte de suministros básicos, así como la prolongación de los aplazamientos del pago del alquiler, en el caso de que los arrendatarios sean grandes propietarios. 

El Gobierno prorroga así las medidas adoptadas durante la pandemia y que expiraba el próximo lunes 9 de este mes, por lo que seguirá sin permitirse la expulsión de sus casas de las personas vulnerables sin alternativa habitacional y se habilita a los inquilinos a solicitar una prórroga extraordinaria de sus contratos de alquiler en vivienda habitual por un máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando las mismas condiciones.

"Ojalá que los indicadores sanitarios nos permitan entonces poder enfrentarnos al futuro sin este escudo social porque vayan mejorando", ha deseado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La prolongación alcanza hasta el último día de octubre, pese a que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Unidas Podemos, era partidaria de ampliarla hasta finales de año y, anteriormente, el Ejecutivo había barajado un nuevo decreto para dar protección "estructural" a estos colectivos, como avanzó en su día el exministro José Luis Ábalos.

Coto al beneficio de las eléctricas

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha presentado este martes el proyecto de ley que persigue minorar los beneficios de centrales eléctricas hidráulicas, nucleares y eólicas de antes de 2003 con el fin, a su vez, de aliviar la factura eléctrica de consumidores e industria. Para ello, la normativa, que se tramitará por la vía de urgencia para acelerar su trámite parlamentario, recorta los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales de generación que no emiten CO2 anteriores al nacimiento del mercado europeo de carbono.

"Confiamos en contar con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias", ha subrayado Ribera, que ha dicho que esta ley se sumará a las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar los elevados precios de la luz, como la rebaja del IVA del 21 al 10% y la suspensión del impuesto a la generación, que permitirán una rebaja del recibo de los hogares del 12%.

Visto bueno condicionado a la OPA a Naturgy

Además, el Consejo de Ministros también ha acordado autorizar la OPA voluntaria y parcial del fondo australiano IFM para hacerse con hasta el 22,69% del capital de Naturgy. El Gobierno da luz verde a la operación sobre una compañía que representa un operador "crítico y clave" y desempeña un "papel esencial" en el sector energético español, pero impone como condiciones a cumplir en el próximo lustro que se mantenga el empleo, la sede y unos dividendos "prudentes". Unos requisitos que Ribera ha considerado "tremendamente garantistas", ya que la señal de "visibilidad" para los empleados es importante y el inversor, si llega a entrar en el capital, debe dar "plena garantía y respeto" en esta materia.

"Es importante garantizar el cumplimiento de esas condiciones que se recogen y ofrecer una señal de tranquilidad para los operadores y trabajadores nacionales, también para aquellos que confían en las inversiones de interés de presente y futuro", ha defendido la ministra.