Las Cortes aprueban la Ley de Protección de la Agricultura Familiar para aumentar su competitividad

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura  Familiar. Entre otras cosas establece que las explotaciones agrarias deberán tener una dimensión económica en términos de producción superior a 10.000 euros e inferior al techo máximo del millón de euros que se considera microempresa. Se limita la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas a 720 unidades de ganado mayor para que no tengan lugar desequilibrios entre la producción de estiércoles y la capacidad de recepción de los suelos de su entorno. Y además, habla de compatibilizar las energías renovables con las zonas agrarias, y de proteger los suelos agrarios más fértiles y de mayor potencial productivo de alimentos ante la instalación de placas fotovoltáicas o parques eólicos.

Así pues, según informa el Gobierno de Aragón, la nueva legislación establece criterios para la definición de un modelo de agricultura familiar y social de suficiente dimensión como para resultar competitivo en los mercados actuales. Además, establece prioridades para un apoyo público específico que asegure su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la administración autonómica.

El objetivo principal, señala el Ejecutivo, es concentrar las ayudas públicas en el modelo de agricultura familiar, por ser el que garantiza el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación. La Ley actualiza y orienta hacia esta tipología de agricultura las principales políticas públicas en el ámbito de las estructuras productivas agrarias, como los regadíos, las concentraciones parcelarias y la gestión del propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años, diseñados en su momento para un sector agrario que nada tiene que ver ya con el actual, señala el Gobierno de Aragón.

En las Cortes, la ley ha tenido los votos en contra de Vox y PP. Para estos últimos, esta ley excluye a una parte de los agricultores y ganaderos y "dificulta su trabajo con más tramites y mas burocracia".  En cambio, para el grupo socialista el PSOE aseguran que "no excluye a nadie sino que trata de beneficiar a las explotaciones más pequeñas, para que puedan seguir innovando y competir contra las grandes empresas". Por eso esta ley, dicen, "pone cifras para definir quién es un agricultor familiar y quién no".