Los hermanos acusados de matar a su madre aceptan ir a prisión

Poco antes de dar comienzo el juicio, Pedro, acusado del asesinato de su madre en la localidad turolense de Pozondón, ha admitido que la mató y ha mostrado su conformidad con la pena de 16 años de cárcel que pedía la Fiscalía. Su hermana, Isabel, acusada en calidad de cómplice, al no haber hecho nada para impedir los hechos, también ha aceptado la pena de 8 años de prisión. 

A pesar de haber llegado a un acuerdo, el juicio se ha celebrado por la gravedad de los delitos. La Fiscalía y los abogados de los dos acusados han acordado las penas: 16 años para él por asesinato con alevosía y con el eximente de arrebato por la alargada enfermedad de la madre, y 8 años para la hermana que, muy afectada durante todo el juicio, ha reconocido su implicación.  Además, a ambos se les acusa de un delito de fraude, ya que durante dos años escondieron el cadáver en un armario sellado con cemento, para seguir cobrando la pensión de la anciana, 30.755 euros en total.

El jurado, por unanimidad, ha declarado a ambos hermanos culpables de asesinato. 

"He sido yo"

Cuando el encausado fue detenido en 2017, confesó espontáneamente al agente que le custodiaba, que había matado a su madre, tal y como ha recordado Benito Soriano, Fiscal de la causa, durante la sesión: "he sido yo quien he matado a mi madre, en los tres últimos meses se le había ido la cabeza y nos daba mucho trabajo. Le llevé un vaso de agua y con la almohada de la cama, se la puse en la cara hasta que la ahogué".

Por su parte, los abogados de ambos acusados han aceptado las penas de 16 y 8 años de prisión. Carlos Agudo, abogado del autor confeso, ha dicho estar seguro de que "es un acuerdo justo". 

La abogada de la hermana, Ascensión Borque, ha insistido en el arrepentimiento de su clienta, que esperó en el domicilio familiar mientras su hermano asfixiaba a su madre: "No le dijo nada a nadie  pero , quizás, es porque salvo a su madre y su hermano no tenía a nadie más a quien contarle nada", ha concluido.

La calificación habla de asesinato por concurrir parentesco y alevosía, es decir, la indefensión de la madre con 87 años, ceguera, alzhéimer y movilidad limitada.

También se les acusa de fraude a la Seguridad Social porque cobraron la pensión los dos años que mantuvieron oculto el cadáver.