Un juzgado anula las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza a la escuela concertada

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza ha anulado el acuerdo del Consejo de Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas por el que se aprobaba la concesión de ayudas para el alumnado en situación de exclusión o riesgo social o situación de vulnerabilidad económica de centros escolares concertados de la capital aragonesa.

La magistrada titular del juzgado, Alejandra Esteban, entiende que el acuerdo es contrario a Derecho, ya que, como argumentaba el grupo municipal del PSOE en el recurso que presentó contra el acuerdo, no se hacía extensible al alumnado en la misma situación de la escuela pública.

En su fallo, la jueza entiende que la decisión del Patronato, adoptada en mayo de 2021, no respeta al principio de igualdad "cuando ante igualdad de situaciones se margina al alumnado de los centros públicos, a los que no llegan los fondos públicos destinados a sufragar necesidades que precisan ser atendidas con parámetros e instrumentos equivalentes a los que se conceden al alumnado de los centros concertados".

Una sentencia que no ha sido bien recibida por la concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa, que ha criticado a los grupos de la izquierda, a los que acusa de acabar con las ayudas de muchas familias. Algo que responde, ha dicho, al empeño de estos, Fapar, la FABZ y los sindicatos. 

Espinosa ha preguntado al grupo del PSOE y a sus "socios de la ultraizquierda" si "se creen que todos los niños de la escuela concertada van al colegio en Mercedes" y recuerda que más del 40% de los menores escolarizados lo están en la concertada. Les ha acusado de "sectarismo y de apostar desde el inicio por acabar con estas ayudas planteadas para acabar con una situación histórica de desigualdad que durante años fomentan el PSOE y la izquierda".

Según la concejal delegada de Educación, la sentencia, que estudian ahora los servicios jurídicos municipales, genera una situación "crítica, porque muchos niños no podrán cursar, a priori, estas actividades".

Por su parte, la portavoz socialista, Lola Ranera, ha advertido que no pretenden que los centros concertados que se beneficiaron de la ayuda la devuelvan, sino que lo que pide el PSOE es ampliar el derecho y que "si se van a dar ayudas para extraescolares, se dan para los dos colegios", como ha reclamado desde que se aprobaron.

Desde 2021, la escuela concertada ha recibido por este concepto 2,3 millones de euros, 500.000 por año, a excepción de 2023, como ha recordado Ranera, año electoral, en que se incrementaron a 800.000 euros.

La edil insiste en que en colegios sostenidos con fondos públicos debería haber una igualdad de derechos para todos, como reconoce la sentencia. Ranera ha señalado además que la partida de estas ayudas está intervenida por la Cámara de Cuentas por la complejidad de las subvenciones. 

Sindicatos, asociaciones de padres y oposición piden ayudas para la pública

Las organizaciones sindicales CC.OO. y CGT, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), la de Padres y Madres de Alumnos (FAPAR), así como IU y los grupos municipales de Podemos y Zec, han instado al Ayuntamiento de Zaragoza a reconocer al alumnado vulnerable de la escuela pública en las ayudas para actividades extraescolares de las que solo gozaban los de la concertada. Así lo ha expuesto la portavoz de Fapar, Nieves Burón, en una rueda de prensa tras conocer la resolución.

Un recurso basado, en opinión de los demandantes, en la discriminación que las ayudas implicaban para todas las familias vulnerables de la escuela pública, centros que, como ha resaltado, asumen una mayor carga de este tipo de alumnado.

Por eso, cree que la satisfacción por el resultado del recurso se amplia a todas esas familias de la escuela pública que a partir de este momento: "Si el Ayuntamiento rectifica, podrán disponer de las subvenciones", ha señalado Burón, que ha hecho un llamamiento al Consistorio para que rectifique.

En representación de todas las organizaciones recurrentes, la portavoz de Fapar ha mostrado su "satisfacción porque se ha hecho justicia" y confía en el mismo resultado para el segundo contencioso interpuesto en 2022.