Desciende el número de condenas por delitos contra la flora, la fauna y por incendios forestales

En 2022, se dictaron en España 54 sentencias condenatorias por delitos contra el medioambiente, en las que se incluyen contaminación ambiental, gestión ilegal de residuos, traslado de residuos o explotación de instalaciones peligrosas. Por otro lado, también se ha tramitado 274 condenas en materia de flora y fauna y 99 por incendio forestal. Son datos de la Fiscalía, que apuntan a que, en los tres casos, se ha reducido el número de condenas respecto a las que se dictaminaron hace cuatro años. 

Uno de los últimos delitos conocidos contra las especies protegidas en Aragón es el robo, el pasado mayo, de tres ejemplares de zapatito de dama, una rara orquídea, que puede encontrarse en Ordesa. "Hay personas que lo hacen, aun sabiendo que está prohibido; unas, por beneficio económico, otras, por divertimento y otras, por imprudencias", relata el agente del Seprona en Zaragoza Melchor Romanos. 

El Seprona de la Guardia Civil es quien vela por la naturaleza. Investiga, por ejemplo, los incendios, que pueden ser naturales, accidentales o provocados. Los causados por el hombre pueden suponer hasta 20 años de prisión. En el conato ocurrido en la orilla del río Gállego de Zuera hace unas semanas buscaron muestras de ADN, huellas de zapatos o marcas de neumáticos para encontrar al autor. 

"Que el planeta se esté calentando está provocando que haya incendios fuera de la capacidad de extinción. Un incendio antes, en un desarrollo normal, tardaba días en quemar 500 hectáreas, ahora vemos incendios como las de las semanas pasadas, que queman 500 hectáreas en dos horas", apunta Romanos.

Sin embargo, no todos los incendios intencionados llegan a juzgarse. En España, en 2022, se registraron más de 10.000 incendios y conatos (10.507) forestales. De ellos, 584 casos fueron intencionados. El número de sentencias dictadas no llegó a las 140. Cada día hay más concienciación, pero no la suficiente.

En 2022 la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en España dictó 1.364 sentencias, ocho de cada 10, condenatorias.